- Este hecho es tan grave que es muy probable que Urbina salga de la institución judicial a la que pertenece, según revelan fuentes de la Corte Suprema.
El pasado 23 de agosto, Carlos Palma, fiscal regional de Aysén, insertó una querella de capítulo en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en la que acusa a la magistrada Cecilia Urbina del delito de corrupción judicial y revelación de secreto en una causa por la Ley de Drogas.
Con esta acción, el fiscal pretende que el tribunal permita que la acusada sea formalizada por ambos delitos. Incluso el 11 de agosto por orden del tribunal de garantía de Coyhaique, la Brigada Antinarcóticos de la PDI incautó los computadores y celulares de la jueza y su esposo, para que el Ministerio Público investigue el caso.
Al respecto, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, reveló que dicha indagación estableció que la acusada revisaba el expediente judicial de su hijastro, acusado de tráfico de drogas, que estaba dentro del sistema informático del Poder Judicial. Urbina estaba inhabilitada para eso.
De acuerdo con el Ministerio Público, la información que encontraba se la daba a su esposo y éste a su hijo, al que apodan “El Matanga”, que formaba parte de una organización de tráfico de drogas.
Una vez que la jueza se percató que su teléfono y el de sus cómplices estaba intervenido, se deshizo de él y por ello la PDI perdió información importante, justo cuando el caso estaba en proceso.
La semana pasada, el organismo persecutor presentó una querella de capítulo con el objetivo de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique elimine el fuero judicial a Urbina y se formalice el caso por los delitos que se le acusan.